El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda. 

El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que la recurrente no acreditó afectación de derechos fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, con declaración de que se aumenta la suma que deberá recibir la víctima por concepto de daño moral.

Hasta el 14 de octubre, el Ejecutivo y los parlamentarios tendrán plazo para presentar indicaciones. En la sesión se abordó el aumento del nivel de endeudamiento debido a la pandemia, la necesidad de evitar las cláusulas abusivas y la desbancarización.

El asunto controvertido debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento, pues incide en la substanciación actual del cumplimiento de una medida cautelar decretada en sede medioambiental.

Los funcionarios policiales actuaron fuera de su marco legal y de sus competencias, vulnerando el derecho de la acusada a un procedimiento justo y racional.

Contraviene el debido proceso y la seguridad jurídica.

Igual decisión se adoptó en el caso de la viuda de un General de Brigada del Ejército fallecido en el mismo accidente.

El ilícito cometido por un funcionario del Estado en un régimen no democrático, no es suficiente para ser valorado como un acto inhumano grave, pues debe ser una expresión concreta de un ataque generalizado contra la población.

La existencia de un decreto de expulsión vigente no impide iniciar el procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiado.