Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Transportes y telecomunicaciones del Senado.
Las requirentes sostenían que los proyectos o actividades que ingresan al SEIA a través de una declaración de impacto ambiental eventualmente pueden contener planes de seguimiento, por lo que no advertían impedimento en que sean sometidos al procedimiento de revisión.
Pocamente divulgado en medios de prensa internacional, su contenido evidencia un nuevo esfuerzo diplomático, promovido esta vez por la Unión Europea (UE), en aras de encontrar alguna salida al impasse en el que pareciera mantenerse la profunda crisis política en Venezuela.
El Consejo para la Transparencia había ordenado a la ANI el año pasado la entrega de un conjunto de antecedentes y registros relacionados con bases de datos en manos de dicho organismo.
Tras las fiscalizaciones realizadas a los pubs Kunza, Maldita Barra, Balmori, Lemon y Burguer Shop, la SMA determinó que los cinco recintos superaron los decibles de ruido permitidos, hecho que podría provocar un inminente riesgo para la salud de los vecinos que habitan dichas inmediaciones.
En la resolución el ministro en visita dictó acusación en contra del teniente del Ejército en retiro Patricio Kellet Oyarzún como autor de los apremios ilegítimos aplicados.
Sin perjuicio de lo resuelto, la Corte de Coyhaique oficiará a la Superintendencia del Medio Ambiente a fin de que supervigile efectivamente el cumplimiento del Plan de Descontaminación.
Se estimaban infringidos los derechos de igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo, la libertad sindical y el derecho de propiedad.
La CS confirmó la sentencia impugnada, oficiando al Servicio Nacional del Adulto Mayor para que adopte las medidas que correspondan según sus facultades legales.
El ente fiscalizador recuerda que las letras b) y g) del artículo 24 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, contemplan la función de la nombrada unidad municipal de fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan.
