Cámara de Diputados aprobó reforma constitucional que establece obligación del Estado de otorgar asesoría y defensa penal a víctimas de delitos.
La iniciativa ha sido valorada en cuanto establece como un derecho fundamental la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de delitos para que acudan en igualdad de condiciones a los tribunales, si se considera que hasta ahora la ley garantiza la defensa jurídica sólo a los imputados pero que no les reconoce el mismo derecho a las víctimas.