La Ministra condenó al oficial de carabineros en retiro Nelson Iván Bravo Espinoza a la pena de diez años y un día de presidio como responsable de los secuestros calificados de Hernán Fernando Albornoz Prado y Juan Humberto Albornoz Prado.
El ex candidato a concejal reclamó en contra de la resolución, por estimar que no contempló la devolución de un gasto que fue debidamente notificado y que se trataba de un préstamo bancario.
El recurrente consideró infringido el debido proceso, por cuanto se le está sometiendo a persecución estatal por dos distintos órganos, lo que vulnera el principio non bis in ídem.
La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el derecho a la integridad psíquica.
La Magistratura Constitucional colombiana concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a cargos públicos.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aránguiz y Prado, quienes estuvieron por confirmar la sentencia apelada.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Se invalidó la sentencia impugnada, debiendo proceder a realizarse un nuevo juicio oral por tribunal no inhabilitado respecto de los acusados.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas del organismo, manifestó que «aunque representa un enorme alivio que la condena de Maira Verónica Figueroa Marroquín se redujera y que ella haya sido puesta en libertad, la historia real sigue siendo una tragedia».
