La Corte de Puerto Montt señaló que no concurrió supuesto alguno de los exigidos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
El autor destaca que dicho fallo convalidó una ley penal retroactiva más gravosa, lo que es un claro indicador de que ha colapsado la frontera entre el derecho vigente y las creencias de los jueces acerca de cuál debería ser el derecho vigente, incluyendo al razonamiento judicial en su más alto nivel.
La parte recurrente estimó vulneradas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y el derecho de propiedad.
Amparado estimó vulnerada su libertad individual.
Recurrente estimó vulneradas las garantías consagrados en el artículo 19 números 2 y 24.
Recurrente estimó vulnerada la garantía de la igualdad ante la ley y la propiedad.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho de propiedad.
El recurrente estimó vulnerada la garantía del derecho de propiedad.
La Corte de Santiago estimó que la existencia de conflictos debe ser resuelta por la propia comunidad del Edificio.
El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional a no ser juzgado por comisiones especiales, a la propiedad sobre el derecho a la educación, a la igualdad ante la justicia, a la honra, y, finalmente, a la integridad psíquica.
