El tribunal acogió la solicitud del ente persecutor y aumentó en 120 días el plazo de investigación, manteniéndose sujeto a la medida cautelar de arraigo comunal a Huala Canumán y Villarroel Rojas, y con arresto domiciliario total los demás imputados en la causa.
El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia que rechazó la demanda.
El máximo Tribunal dejó sin efecto la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, que rechazó la reclamación y que dio luz verde al proyecto que se emplaza en la cuenca del humedal Topocalma, declarado sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
La Municipalidad de Santiago solicita al Tribunal que acoja la reclamación, dejando sin efecto la decisión del SEA, para que el Comité de Ministros y el Director Ejecutivo del SEA, revisen su recurso administrativo y se pronuncien respecto de las alegaciones de fondo que realizó en contra del proyecto de Metro.
El Tribunal de alzada condenó en costas a los demandados tras establecer que comparten responsabilidad por las graves lesiones que sufrió la demandante y que le provocaron una incapacitad laboral del 50%.
La requirente estima que la exclusión de ciertos requisitos que debe contener la sentencia definitiva es un acto discriminatorio en su contra.
Gendarmería no ha dado cumplimiento a su deber de garante del derecho a la integridad personal de las internas privadas de libertad.
Los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental. Se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico debe realizar gastos extraordinarios en concepto de medicamentos, sin que obste a tal solución que el afectado haya sido atendido en hospitales públicos o privados, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos.
El requirente alegó que se le impide ejercer la acción penal, vulnerando su garantía la tutela judicial efectiva.
Los jueces de fondo revocaron la sentencia de base y en su lugar, de oficio, eximieron del pago a empleador y tuvieron por terminada la ejecución sin tener causa legal para ello, decisión adoptada con falta y abuso grave al privar al trabajador de su derecho al debido proceso y conocer los razonamientos adoptados por la Corte para arribar a tal conclusión.
