El abogado español Óscar Fernández León señala que el informe oral no se limita a una mera exposición anárquica de los hechos, pruebas y argumentos resultantes, sino que está sometido a una serie de principios estratégicos.
De acuerdo a la FNE, «el estudio refleja en general una buena percepción de la actuación y capacidad disuasiva de la FNE y de la institucionalidad chilena, lo que se manifiesta en los elevados porcentajes de aprobación que obtiene en el mundo legal especializado el desempeño de la institución”.
El máximo Tribunal revocó las resoluciones recurridas que habían rechazado los recursos, al considerar arbitrario privar del derecho a sufragio a internos en recintos penales que no tengan suspendido dicho ejercicio.
El Tribunal de alzada confirmó con costas la sentencia apelada, dictada el 7 de octubre pasado, por el Segundo Juzgado de Policía Local.
El Tribunal de alzada condenó a penas de 7 años de presidio a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann.
La sentencia del máximo Tribunal establece que el Tribunal de alzada cometió falta o abuso al dictar el sobreseimiento en etapa temprana de la investigación y con diligencias pendientes.
El Consejo para la Transparencia señala que como no se pudo abrir el archivo acompañado por el reclamante, concluye declarando inadmisible la presentación realizada, por no subsanar dentro del plazo correspondiente los defectos de la presentación.
El órgano contralor hace presente que la preceptiva que regula la probidad administrativa concibe a ésta como una directriz que se impone a los servidores de la Administración del Estado y no a los órganos respectivos.
En su sentencia, la Corte expone que el Servicio de Registro Civil e Identificación reconoce en su informe, expresamente, que los menores, les asiste el derecho de representar a su padre, en la sucesión de la causante.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Coronel por el delito porte ilegal de arma de fuego.
