Anunciada la iniciativa por el Ejecutivo, se espera que en los próximos días ingrese para su discusión a la Cámara de origen.
La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y en el fondo de que conoce la Corte Suprema, mediante el cual se pretende anular la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la declaración de quiebra.
La Cámara Alta fijó hasta el 23 de marzo de 2015 el plazo para realizar indicaciones al proyecto de ley.
La Corte Suprema ratificó sentencia que ordena a la empresa de alarmas ADT pagar una multa de 5 UTM (unidades tributarias mensuales) y una indemnización de $ 10.000.000 (diez millones de pesos).
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre indemnización de perjuicios de que conoce el Segundo Juzgado Civil de Valdivia.
La Corte de Apelaciones de Talca, acogió el recurso de protección; mas, la Corte Suprema –en alzada- revocó esta resolución.
La CGR concluye sosteniendo que el argumento jurídico invocado por la recurrente no es suficiente para modificar el criterio sustentado en el oficio cuya reconsideración se solicita, por lo que lo ratifica en todas sus partes.
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo; decisión que fue confirmada en todas sus partes por la Corte Suprema en alzada.
Ambas gestiones pendientes inciden en autos sobre nulidad de derecho público de que conocen respectivamente el 2º Juzgado de Letras de San Bernardo y el 21º Juzgado Civil de Santiago.
Declarado admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.
