No se puede desconocer el hecho bajo alegaciones de vulneración de derechos en la ejecución del sumario administrativo.
Al no prestar el servicio de manera correcta, errar en el diagnóstico y negar la hospitalización a la recurrente, ésta sostiene que la recurrida no cumplió con el mandato constitucional de protección a los derechos fundamentales de la paciente.
Las recurrentes dedujeron la acción por haberse iniciado la construcción en un territorio indígena y de interés turístico, supuesto que a su juicio requiere de una declaración o estudio de impacto ambiental.
Del texto del recurso aparece que la situación descrita constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución, en cuanto se alude a una presunta afectación a la libertad personal del amparado.
La requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.
La normativa exime de tal permiso a las edificaciones que se encuentran destinadas a la prestación de servicios sanitarios y son ejecutadas por el Estado.
El proyecto de ley busca aportar a la descentralización en la toma de decisiones, al entregar mayor capacidad a las regiones.
El requirente alega que se le impide, sin justificación suficiente, solicitar que un tribunal superior conozca sobre una cuestión de fondo, afectando su garantía al debido proceso.
El reproche que se hace a la sentencia se funda en un vicio que, de existir, no tiene influencia en lo dispositivo del fallo.
La acción de protección no es declarativa, por lo que los recurridos deben completar la vía administrativa para satisfacer su petición.
