La sentencia de la Corte Suprema acordada con el voto en contra de las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz.
El fallo concluye que el recurrido ha incurrido en conductas arbitrarias e ilegales que vulneran la garantía del artículo 19 N° 4 de la CPR.
Al requerimiento antecede un sumario administrativo instruido por la CGR, en que se estableció que el Alcalde habría incurrido en una falta grave al principio de probidad.
La gestión pendiente incide en autos de cobranza laboral, en actual conocimiento de la Corte de Puerto Montt, por recurso de apelación.
Se consideró que la restricción impuesta al médico requirente, de nacionalidad venezolana, para ejercer su especialidad médica sólo en el sector público, carece de razonabilidad y vulnera la igualdad ante la ley en relación con la libertad de trabajo de los extranjeros.
El objetivo principal del proyecto ingresado es disminuir los plazos y los montos para acceder al procedimiento.
La vulneración se produce al no proporcionarles los equipos de protección individual adecuados para protegerse contra el SARS-Cov-2 y ante el riesgo de contagio e infección ante la enfermedad del Covid-19.
En el libelo de apelación se alega que el incidente de nulidad fue rechazado por falta de emplazamiento.
La decisión del Tribunal incide en procedimiento ejecutivo que pretende el cobro de una deuda adquirida en el marco de un contrato de crédito de consumo.
El demandado, un inmigrante polaco, exige indemnización de perjuicios a medio electrónico por publicación difamatoria.
