El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, que concedió la de primera instancia que acogió la acción.
El máximo Tribunal estableció que la ley de protección, fomento y desarrollo indígena estipula la prohibición expresa y amplia de cesión de derechos de tierras a terceros ajenos a las etnias originales.
El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La valoración de la prueba realizada por el Tribunal fue incompleta, no consideró en plenitud ni con perspectiva de género la prueba encaminada a demostrar el contexto de violencia intrafamiliar habitual y reiterada que sufría la víctima.
No se justifica que su esposa y el hijo de ambos no hayan podido disfrutar juntos de la compañía de la mascota.
La publicación no especificaba el nombre completo del profesional, solo describe la forma en que fue atendido un perro rescatado.
Solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades de los ataques violentos que perpetua una banda delictiva.
Excluir a los docentes étnicos de beneficios a los que pueden optar el resto de los docentes constituye una discriminación arbitraria del sistema educacional.
El Tribunal de alzada descartó error en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó el pago a la demandante de $7.485.911, por concepto de recargo legal del 30 % de la indemnización por años de servicio, y $5.939.813, por el descuento improcedente del aporte del empleador al seguro de cesantía.
