El máximo Tribunal desestimó el recurso entablado por el demandado por estar mal formulado.
El Tribunal de alzada rechazó la acción entablada al establecer que las autoridades recurridas han adoptado diversas medidas de control de un problema social complejo.
Su aplicación resulta contraria al principio de proporcionalidad, al debido proceso y al derecho de propiedad.
El máximo Tribunal consideró que no se vulneró el debido proceso del actor, a quien se le condena por “la abundante prueba documental y testimonial”. Sostiene además, que pudo acreditarse en juicio que el encartado actuó en todo momento con dolo, al conocer la falsificación y el uso de las facturas y montos desviados.
Demandantes acusaron de estafa al Banco por cobrar créditos que los propios actores solicitaron para un tercero, intentando desviar su responsabilidad en una ejecutiva bancaria que adulteraba información de clientes para simular capacidad crediticia, hecho que no fue suficiente para acreditar el supuesto dolo del demandado al otorgar los préstamos que intenta cobrar a los deudores.
Cada órgano público debe desarrollar sus competencias de acuerdo con el marco constitucional e interpretará automáticamente el alcance de las disposiciones constitucionales que se refieren a ellas. Solo cuando se alegue que en tal tarea se han afectado las atribuciones de otro poder u órgano constitucional podrá plantearse la demanda competencial ante este tribunal.
No se ha justificado que el traslado sea necesario para garantizar la vida e integridad física o psíquica del amparado, de otros internos, o afecte de manera justificada el orden y seguridad del recinto.
El ciberbullying consiste en el uso de los medios telemáticos, como internet, telefonía móvil y videojuegos online, para ejercer acoso psicológico entre menores de edad.
No corresponde estimar que las declaraciones del Contraalmirante Parga vulneren el deber de obediencia, pues no se manifestó en contra de una decisión de la autoridad civil a la que se subordina, más bien se enmarcaron en el deber de brindar defensa jurídica a su personal.
En aplicación de la doctrina de la Contraloría que considera que la Dirección es el órgano competente para ratificar una destitución de una dirigente perteneciente a una Corporación Municipal de Derecho Privado.
