al actual sistema electoral binominal, se le han formulado una serie de críticas, entre ellas destacan que “sólo favorecería a las grandes coaliciones, excluyendo y dejando sin representación a las minorías”, lo que “no resulta un reflejo fiel de la voluntad popular”.
en materia extracontractual los padres tienen una posición de garantes respecto de sus hijos, por los actos dañinos cometidos por estos.
la Encuesta Nacional de la Basura en las Playas, se ha concluido que la basura de las playas de Chile está compuesta en su mayoría por materiales plásticos que provienen principalmente de fuentes locales.
«cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo».
la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, vigente en Chile dese 1990, así como otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos que se refieren en específico a la situación de la infancia, plantean la “necesidad de proporcionar al niño una protección especial”, que vaya más allá del reconocimiento genérico de derechos fundamentales.
propone la aprobación de dos enmiendas al Estatuto de Roma, vigente desde septiembre del año 2009 en nuestro país. Las enmiendas que fueron adoptadas el pasado 10 de junio de 2010, en Uganda, en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Romal.
“el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
no se vulnera el Estado Unitario, toda vez que éste –y recurriendo a los autores Verdugo, Pfeffer y Nogueira– “significa reconocer que el Estado chileno tiene un solo centro de impulsión política, que está dado por los órganos del gobierno central; sólo el Gobierno y el Congreso desarrollan la función legislativa, no hay ningún otro organismo que tenga competencia legislativa”.
En su presentación, el juez requirente tiene presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso Rol Nº 1852, en el cual declaró la inaplicabilidad de una norma de similares características, contenida en el artículo 26 bis del Código del Trabajo, estimando que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la justa retribución.
“las enfermedades preexistentes, tabla de factores y discriminación de las mujeres en edad fértil y adultos mayores, provocando el aumento de los planes respectivamente”.
