Los antecedentes aportados por el recurrente sí han sido considerados y utilizados de forma adecuada en la investigación, informa la PDI.
Al tratarse de una medida cautelar, ésta resulta esencialmente provisoria, por lo cual podrá cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar.
El Tribunal rebajó el monto de la multa en consideración a los efectos negativos que provocó la pandemia del Covid-19 en el suministro de productos a nivel mundial, lo que es un hecho público y notorio.
La veracidad no supone la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, de modo que puedan quedar exentas de toda protección o garantía constitucional las informaciones erróneas o no probadas.
Además, la fiscalizadora del SERNAC constató que el cobro por el servicio era redondeado al alza, práctica que se encuentra expresamente prohibida.
El requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios constitucionales de legalidad y competencia, además de la garantía constitucional del debido proceso.
Las autorizaciones judiciales deben observar los requisitos procedimentales que permitan al interesado conocer la motivación de la resolución adoptada frente a él, bien mediante su lectura, bien mediante la notificación de la motivación, a fin de permitir que defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles.
El elemento predominante, que guió la actuación del demandado, era expresar sus ideas, pensamientos y opiniones sobre los hechos objeto del proceso, y sensibilizar a la opinión pública sobre la protección que merecen los derechos humanos.
El artículo 79 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886 dispone que las Bases y el contrato de concesión deben contemplar un procedimiento para decretar el término contractual anticipado, de manera que el municipio no puede escudarse en las Bases, si estas no están redactadas con respeto a la Ley y su Reglamento.
En la diligencia el ministro Hormazábal tomó declaración a la víctima sobreviviente, tres testigos de los hechos y a los militares en retiro acusados Gustavo Camilo Ahumada, Jerman Ocares Morales y Luis Pavez Silva; además de René Ojeda Caro, empleado civil y reservista del Ejército.
