La porción del inmueble, ubicado en la comuna de Linares, fue cerrada con un portón con candado por el querellado, impidiendo el acceso de su dueña al predio. El infractor aseguraba ser el legítimo propietario, circunstancia que no pudo acreditar en juicio.
La medida cautelar personal impuesta al imputado, conforme al artículo 137 del Código Militar, podría amenazar su seguridad individual.
Los establecimientos educacionales tienen el deber de mantener y velar por la sana convivencia escolar, pero ello no puede sostenerse en base al sacrificio de los derechos de un miembro de la comunidad del que se tiene conocimiento de sus especiales requerimientos.
El acusado disparó en diversos puntos de la ciudad a grupos de particulares que se manifestaban pacíficamente, hiriendo de gravedad a tres personas y dando muerte a otra. Al momento de ser detenido, fue encontrado en su domicilio un cuantioso arsenal que incluía diversas pistolas, revólveres, y un fusil de guerra, armamento que era poseído por el imputado sin contar con los permisos respectivos.
No impide efectuar los descuentos el hecho de que el trabajador interponga un recurso ante la SUSESO, pues este es un órgano técnico fiscalizador y no el superior jerárquico de las COMPIN, por lo que las decisiones adoptadas por las respectivas Comisiones ya se encuentran firmes.
El programa de fortalecimiento de oficinas regionales no ha finalizado, y además, sus resultados formaran parte de decisiones y recomendaciones del Consejo INDH, por lo tanto aplica la causal de reserva contenida en el artículo 21, N°1, letra B), de la Ley de Transparencia.
La reclusión nocturna de 15 días fue decretada cumpliendo los requisitos legales, dictada por tribunal competente en uso de sus facultades legales y resulta proporcional a la deuda que el padre mantiene por alimentos de $5.671.545.-
El requerido fue condenado en el 2014 por dar muerte a un policía, y en junio de 2021 se decretó su expulsión del país vecino en un procedimiento administrativo por extrañamiento. El ministro instructor del máximo Tribunal indicó que, el “error administrativo” no puede ser enmendado mediante la petición de extradición, ya que produjo cosa juzgada.
Suele aplicarse para condenar a manifestantes y opositores al régimen, a través de una interpretación extensiva del Código Penal Islámico, que prescribe que cuando un ataque con arma no está motivado por razones personales, es injustificado y por lo tanto debe ser sancionado con la pena de muerte por moharebeh.
Se ha pretendido acreditar la cuestión mediante un documento que adolece de defectos que le restan valor, como el hecho de no poder ser contrastado y de contener expresiones como “D.N.I.” que no son propias de nuestro lenguaje.
