CGR determinó que Ley que establece pago a treinta días entró en vigencia cuatro meses después de su publicación, por lo que el no pago oportuno de facturas dentro del plazo previsto debe ser investigado y sancionado.
El ente contralor adujo esto, a propósito del artículo 2° quinquies que se refiere a la responsabilidad administrativa en que incurren los funcionarios públicos por el incumplimiento del pago dentro del plazo debido.