El atraso por casi dos años en la tramitación de un sumario, resulta una demora arbitraria pues carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses casi se cuadruplique.

El acusado fue sorprendido manejado un vehículo encargado por robo, y al ser fiscalizado por Carabineros exhibió a los agentes documentación adulterada, lo que motivó el control de identidad y registro posterior, descubriéndose adulteraciones en la chapa de la puerta del piloto y en el número de chasis del móvil, y el imputado no pudo acreditar que desconocía el origen ilícito del vehículo.

Un tribunal de distrito suspendió de forma temporal una ley aprobada por el gobernador del Estado de Idaho, Brad Little, que prohíbe a los estudiantes de los colegios públicos utilizar baños que coincidan con su identidad de género. La medida fue dictada a solo una semana de que los estudiantes de Idaho regresen a la escuela y poco más de un mes desde que entró en vigencia el 1 de julio pasado.

El recurrente alegó la existencia de un contrato de servicios, y la magistratura sentenció que las pruebas aportadas por el actor no eran pertinentes para acreditar las prestaciones que invocó. El máximo Tribunal desestimó la nulidad sustancial, al considerar que el demandante se enfocó en atacar la valoración de las pruebas efectuada por el tribunal, y no el desconocimiento del contrato de prestación de servicios inmateriales que deseaba hacer cumplir.

El reclamante renunció a la nacionalidad chilena para optar por la noruega, y luego de 10 años de residencia en Chile, solicitó al Servicio Nacional de Migraciones la eliminación de la anotación de renuncia, entidad que desestimó la solicitud debido a que la vía administrativa no es la idónea para tal fin.

No obstante, si la Comisión de Salud institucional concluye que la salud del funcionario es apta para que continúe en servicio, el Director General de la PDI, si así lo estima, podrá declarar la salud incompatible de ese servidor, no obstante que la COMPIN haya antes opinado que su salud es irrecuperable.

El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad de su ser, lo que implica una acción de conservación y otra de restablecimiento; acciones que el Estado debe proteger tratando que todas las personas tengan una mejor calidad de vida, para lo cual debe invertir en la modernización y el fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud.

Tipifica nuevos delitos ambientales, agrava la responsabilidad en los delitos económicos, conocidos popularmente como “delitos de cuello y corbata”, endurece las penas y amplía la responsabilidad de las personas jurídicas.

El sistema de la responsabilidad patrimonial de la Administración, teniendo como presupuesto la existencia de una lesión patrimonial real y actual, responde al elemento fundamental de la antijuridicidad del daño, que viene a configurar la lesión como indemnizable, antijuridicidad que no se refiere a la legalidad o ilegalidad de la conducta del sujeto agente que materialmente la lleva a cabo, sino a esa falta de justificación del daño, es decir, a la inexistencia de una causa legal que legitime la lesión patrimonial del particular.

Y no significa que los señores diputados se hagan piratas y se echen a la mar, con un parche en el ojo izquierdo, un garfio en la mano derecha y una pata de palo. Pero casi. Filibusterismo es como se suele denominar a la estrategia obstruccionista que pone en marcha un grupo de la minoría parlamentaria para retardar o, incluso, impedir el desarrollo de un debate.