Se configura una violación al derecho al respeto por la vida privada y familiar de la Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El ente contralor adujo que no se cumplen los requisitos exigidos en cuanto a la fundamentación con que esa superioridad pretende justificar dicha medida.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El máximo Tribunal señala que, al haberse interpuesto la acción constitucional el 23 de octubre de 2019, la misma lo ha sido dentro del plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 18 y 24.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 16 y 24.
La Corte Suprema señaló que, se concluyó que la sentencia impugnada incurrió en infracción a la letra b) del artículo 9 del Decreto Ley N° 2.186.
La Corte Suprema señaló que, resultó evidente que se infringió por los juzgadores del grado lo dispuesto en el artículo 6 bis, numeral 1°, de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
El objetivo principal del proyecto ingresado es dar más opciones a los deudores.
