CS acogió recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Temuco y condenó al Fisco a pagar 30 millones de pesos por la interceptación telefónica de que fue objeto un abogado.
“en el caso de marras quedó establecido que la solicitud de interceptación telefónica del demandante fue hecha a sabiendas de que se trataba del abogado defensor de algunos de los imputados de la causa en que aquella se otorgaba, lo que no se hizo saber al tribunal”.