El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal del plantel al no entregar el título a la recurrente, quien cumplió con todos los requisitos para su obtención.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, que ordenó al municipio pagar a la víctima la suma de $1.500.000 por concepto de lucro cesante, y $15.000.000 por daño moral.
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Los recurrentes estiman vulneradas las garantías constitucionales del derecho a la integridad física y psíquica y la protección a la honra de la persona.
Se levantaron las medidas provisionales ordenadas a favor de Adrián Meléndez Quijano y de sus familiares.
La requirente estima que los preceptos impugnados vulneran la igualdad ante la ley y el derecho a la vida e integridad física y psíquica.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
Se confirió traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Chevesich, quien fue de la opinión de rechazar el arbitrio.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Osorno.
