La Corte de Rancagua determinó que en el acto recurrido no aparecen las motivaciones, en un acto que debe bastarse a sí mismo, como ha sido referido en la reiterada jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.
El máximo Tribunal estimó que la decisión de poner término anticipado a la contrata del recurrente configuró un acto ilegal y que afectó el derecho a la igualdad ante la ley.
La gestión pendiente incide en autos de casación en la forma, de que conoce la Corte de Temuco.
El máximo Tribunal dispuso que la simple omisión de una enfermedad preexistente no entrega derecho a la Isapre para terminar el contrato.
La recurrente estimó vulnerada sus garantías constitucionales del derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y su derecho de propiedad.
Los amparados estimaron vulnerados su garantía constitucional a la libertad personal.
El recorrido fue encabezado por los ministros Cristián Delpiano, presidente, Alejandro Ruiz y Felipe Sabando, estando presentes representantes de los demandantes y demandados, además del alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez y la fiscalizadora de Conaf, Natalie Pinochet.
El Tribunal acogió las denuncias deducidas en procedimiento de tutela laboral, tras dar por establecida la práctica antisindical.
El Tribual de alzada acogió la demanda por lucro cesante y daño moral.
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional tras establecer que el actuar cuestionado se ajusta a derecho.
