En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el requerimiento no satisface la necesidad de contar con un fundamento razonable

No cumplió con la obligación de rendir cuenta de la subvención escolar en la forma prescrita por la ley.

Cámara de Diputados remitió el Proyecto de ley al Ejecutivo para que comunique si le formulará observaciones a la iniciativa.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que debido a esta situación, los menores de edad se han visto forzados a transitar hacia la vereda por el terreno circundante al lugar en donde se encontraba el puente, arriesgando sus vidas e integridad personal, puesto que en esa zona es recurrente el desprendimiento y caída de rocas.

Aun cuando posteriormente el actor fuese excluido -a su petición- del régimen de protección de testigos, ello no libera al Estado de su deber de haberle prestado la asistencia necesaria durante el período en que el testigo se encontraba efectivamente incluido en el programa.

De acuerdo a la Institución para la captura del recurso jibia está prohibido otro tipo de arte o aparejo de pesca que no sea la potera o línea de mano. No obstante, la recurrente alegó que contaba con autorización para la pesca de arrastre por acto administrativo anterior a la publicación de la Ley Nº 21.134 la que no podía regir “in actum».

La iniciativa pasó para su estudio a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.

Al revisar en detalle la alegación referida a la falta de realización de un segundo periodo de participación ciudadana, el Tribunal determinó que las modificaciones realizadas al proyecto no han causado afectación a comunidades o grupos humanos, ni han generado nuevos impactos significativos o un aumento en su extensión, magnitud o duración, por lo que no resulta procedente.

El 27 de junio fue el día escogido para tal fin, el mismo en que falleció el conductor del Transantiago, Marcos Cuadra Saldías en 2014, cuando protestaba por demandas del sector.

El máximo Tribunal desestimó infracción en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda de cobro de la obligación.