En el pronunciamiento agrega que lo dictaminado también aplica para las demás empresas públicas que indica el inciso tercero del artículo 1° de la ley N°19.345.
La reclamante no logró acreditar la ocurrencia de una merma real, concreta y cuantificable en su patrimonio, a efectos de configurar la causal de reserva o secreto alegada.
El carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse a la luz de las circunstancias concretas del caso y, considerando su complejidad, la conducta del demandante y de las autoridades competentes.
La acción no se sustenta en la existencia de un derecho indubitado, toda vez que los actos denunciados se enmarcan en lo prevenido por los artículos 98 de la Carta Fundamental y 21 A de la Ley 10.336.
Los argumentos del Juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial se acomodan al canon constitucional de la atipicidad de las conductas denuncias, la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la Ley de Amnistía.
Se busca resguardar la seguridad de las mujeres embarazadas.
La autoridad nacional competente debe evaluar la situación familiar en cuestión teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes del caso concreto.
Se prohíbe consumir alcohol en calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público, bajo pena de una UTM. La sanción también vale para quienes sean sorprendidos en los mismos lugares en estado de ebriedad.
Si bien el referéndum no es vinculante, representa un importante apoyo ciudadano en favor de la iniciativa que busca la expropiación de 240 mil viviendas a fin de que el Estado regule y reduzca la especulación inmobiliaria y ofrezca espacios habitacionales a precios más accesibles.
El máximo Tribunal estableció error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que rechazó la demanda y confirmó la sentencia del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle que la acogió.
