La Séptima Sala del tribunal de alzada descartó infracción al debido proceso al aplicar la sanción, por lo que la proveedora de contenidos es responsable de la infracción.
El asunto fue analizado en el Pleno y entrega la opinión sobre la iniciativa legal que incluye los principios de transparencia y probidad a las personas jurídicas sin fines de lucro que contraten o suscriban convenios con el Estado o sean receptoras de fondos públicos.
La Segunda Sala del máximo tribunal consideró que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará) y Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), autorizan que la pena se cumpla de manera alternativa y no en un recinto penal.
La situación de inestabilidad de la recurrente y sus hijas se vería agravada por una destinación que la desarraigue del lugar en que pueden ser tratadas.
El término extraordinario de dos días no implica que se trate de un término total de 12 días, por cuanto no se exige por el legislador que el juez dicte la resolución respectiva al vencimiento del décimo día, lo que denota que se trata de un plazo judicial.
Prohibición de ingreso a unidad penal fue impuesta a la pareja del imputado y no a éste, por lo que sus garantías no pueden verse afectadas pues no fue él el sancionado.
Dictaminó que los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, que hacen punible el aborto, son inconstitucionales por violar los derechos de las mujeres gestantes. Del mismo modo, señala que estas normas configuran una discriminación por razón de género al imponer la maternidad por sobre la libertad sexual de las embarazadas.
La consulta efectuada por un agente de Carabineros, al notar un elemento tubular similar a una escopeta en la parte trasera de la camioneta en que circulaba el acusado, corresponde a una actividad investigativa mínima permitida durante el contexto de una detención por delito flagrante.
Se canceló la licencia de conducir del imputado, acusando reincidencia en delitos relativos a la Ley de Tránsito, en circunstancias que, el artículo 104 del Código Penal prohíbe la consideración de sentencias previas para efectos de aumentar la magnitud de penas principales o accesorias, como ocurrió en la especie.
La simulación ante un dispositivo electrónico haciéndose pasar por quien no se es para que éste lleve a cabo la operación comercial, basta para calificar la conducta como delito de estafa.
