El Tribunal acogió el reclamo deducido por la empresa y anuló la resolución exenta dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana.
El máximo Tribunal ibérico aplicó la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del artículo 208.1.b de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por 9° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad del demandado por las irregularidades que causaron perjuicios a la empresa y le ordenó restituir la suma de $26.385.978.
En la última sesión de la instancia, el Gobierno presentó una serie de indicaciones a la propuesta con el objetivo de resolver la mayor cantidad de materias, sin dejar en el reglamento todos los contenidos de detalles.
El Tribunal hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que la demandada incurrió en actos de acoso laboral, lesionando el derecho fundamental a la integridad síquica de la denunciante.
El ente contralor adujo que la que la condena incluye la totalidad de las penas que se le han impuesto, con independencia de las fechas de las mismas.
El objetivo principal del proyecto ingresado es crear una inhabilidad perpetua para ejercer cargos en organizaciones deportivas.
El objetivo principal del proyecto ingresado es beneficiar con los «perdonazos» a quienes han pagado sus deudas.
El objetivo principal del proyecto ingresado es fortalecer el rol de legislador del Congreso Nacional.
