El municipio invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, fundado en que la información requerida se relaciona con procesos administrativos con carácter de secreto, cuando lo cierto es que esa característica es aplicable al sumario administrativo y no a las investigaciones sumarias.

El recurrente alegó que el cobro de la boleta de garantía intentado por el municipio, aduciendo un incumplimiento de contrato, no era procedente por falta de fundamento y además vulneraba su derecho de propiedad.

La iniciativa se inspira en la idea de fortalecer a la sociedad civil de la delincuencia organizada, por lo que es imprescindible contar con una institucionalidad robusta, para la persecución y sanción de los delitos.

La protección a la unidad familiar es un derecho del que goza tanto el interno como su núcleo familiar. Sin embargo, no es un derecho absoluto ya que hace parte del grupo de garantías que se restringen como consecuencia de la relación de especial sujeción que surge entre el recluso y el Estado. Ello inexorablemente deriva del aislamiento obligado que genera la privación de libertad.

El ministro Mesa Latorre ordenó la prisión preventiva de Flores Colimán por considerar que la libertad del procesado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Privación de libertad que deberá cumplir en libre plática en el Destacamento de Montaña “Tucapel” de Temuco.

El máximo Tribunal descartó infracción en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar la del grado que no hizo lugar a la demanda.

En la decisión del Consejo se reconoce la calidad de pública de la información que se pidió, además rechazó el argumento esgrimido por el SNM para no dar respuesta a algunas partes de esta solicitud, puesto que declaró su incompetencia para atender el requerimiento alegando que la entidad a cargo de la ejecución de estas acciones era la Policía de Investigaciones de Chile.

El funcionario del SERNAC consignó en el acta de fiscalización que la denunciada no tenía a disposición del público el listado de derechos y obligaciones de los consumidores, así como tampoco exhibía el horario de funcionamiento y el procedimiento a seguir en caso de pérdida del ticket.

La petición iniciada por el actor escapa a la jurisdicción voluntaria no contenciosa, pues de ser concedida se afectarían derechos de terceros que no han concurrido al proceso voluntario, por lo que la solicitud deber ser revisada en un juicio de lato conocimiento.

La medida disciplinaria fue decidida solo por un Comandante de Bomberos, cuando lo que prescribe el Reglamento es que sea adoptada por un Consejo Superior de Disciplina conformado especialmente para evaluar situaciones de gravedad.