La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Brahm y del Ministro Leteliar, quienes estuvieron por declarar admisible el requerimiento, al estimar que no concurre ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 84 de la LOCTC.

La Magistratura constitucional española adujo que resulta particularmente importante que el empleador respete el derecho a los ajustes razonables en el caso las personas con discapacidad mental, por causas psíquicas, intelectuales o cognitivas, al tratarse de formas de discapacidad que todavía siguen rodeadas de mitos, miedos y estereotipos que hacen que quienes las padecen sean especialmente vulnerables.

Elimina la suspensión del derecho a sufragio de las personas que se hallen acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

Los actores se desempeñaban como docentes en diversos establecimientos educacionales de la Municipalidad de Talca.

El procedimiento sancionatorio se inició con motivo de una fiscalización realizada por la Seremi de Salud, en la que detectó un conjunto de incumplimientos graves asociados a la salud de los trabajadores de RECIMAR y la comunidad adyacente (Villa Kamac Mayu, Teletón de Calama y Comunidades Indígenas de Yaquincha), decretando la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento.

El Servicio reclamado descartó que no se hayan analizados los planes y programas del territorio durante la evaluación ambiental, sino que concluyó que ellos eran compatibles con el proyecto.

La sentencia sostiene que de la lectura del libelo que contiene el recurso de casación en estudio, se puede comprobar que el recurrente omite relacionar los errores de derecho sobre los cuales endereza la impugnación que intenta, con la normativa atinente a la materia de fondo abordada por los sentenciadores.

Posterga en cinco semanas las elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores, Alcaldes y Concejales para los días 15 y 16 de mayo del 2021.

El Tribunal de alzada descartó infracción legal en la resolución sancionatoria adoptada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El máximo Tribunal consideró que yerran los jueces recurridos al no abonar el tiempo que permaneció el amparado privado de libertad en un proceso previo, a la condena que actualmente está purgando.