la jurisprudencia de esta Magistratura Constitucional ha distinguido tradicionalmente entre las leyes penales en blanco propias e impropias, por cuanto cada una de esas categorías presenta consecuencias diametralmente opuestas, desde el punto de vista de su conformidad con las exigencias que el ordenamiento constitucional impone. De ambas, esta Magistratura considera constitucionalmente admisibles las denominadas leyes en blanco impropias

“es completamente innecesaria, porque Chile por sus credenciales financieras y económicas tiene una capacidad de crédito inconmensurable”

el principio de realización de la actividad minera da un perfil más concreto a la función social de la propiedad minera, en la misma Constitución y no en la legislación como ocurre con los otros tipos de dominio, lo cual se refleja en el procedimiento judicial para la constitución de las concesiones mineras, otorgándole características especiales que apuntan a su celeridad y pronta conclusión.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso final del artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850 del Ministerio de Obras Públicas, del año 1997.La norma impugnada dispone: “En caso de que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de estas instalaciones del lugar en que fueron autorizadas, este traslado será […]

“la sentencia impugnada al resolver como lo hizo, vulneró el artículo 1545 del Código Civil, al privar de validez a un contrato que no ha sido dejado sin efecto, en relación con el artículo 831 del mismo Código que consagra la existencia de las servidumbres voluntarias”.

“para que el recurso de casación pueda prosperar es necesario que el vicio de que adolece el fallo tenga influencia sustancial en lo decidido, lo que en la especie no ocurre”, debido a que “la tardanza inexcusable de la Tesorería Regional de Antofagasta ha excedido todo límite de razonabilidad, contrariando diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración”

«lo pretendido por el actor escapa del ámbito de la acción de protección, toda vez que no se encuentran demostrados en el caso sublite los supuestos de procedencia de la acción de protección al existir un diferendo sobre la interpretación y aplicación del contrato de construcción, que debe ser resuelto en sede de lato conocimiento».

La norma legal impugnada establece: “Además de los lugares indicados en el 41° del Código de Procedimiento Civil, la notificación podrá hacerse, en el caso del impuesto territorial, en la propiedad raíz de cuya contribución se trate; sin perjuicio también de la facultad del Tesorero Comunal para habilitar, con respecto de determinadas personas, día, hora […]

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción constitucional, al estimar que “no hay antecedente alguno que signifique una amenaza real y fuera de control a la salud de los pacientes a favor de quienes se intenta la acción constitucional”

“el concepto de persona era utilizado como una noción técnica desprovista del valor institucional que le reconocemos hoy en día”