El requirente alega que la norma legal objetada vulnera la dignidad humana, la igualdad ante la ley, las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que a falta de acuerdo sobre la indemnización compensatoria el juez la fijara y ordenará su pago en un plazo de entre 5 a 10 años, y solo con los reajustes e intereses que en ella se establecen.

Las víctimas sufrieron un accidente de tránsito luego de colisionar a una vaca que yacía muerta en una ruta de la comuna de Limache. El tribunal consideró configurada la falta de servicio por no ejecutar las medidas necesarias para la seguridad vial de la ruta en que ocurrió el evento fatal.

No se puede desfigurar o ampliar el amparo constitucional a hipótesis que la Constitución no contempla.

El requirente impugnó el artículo 97 del COT, que establece que las sentencias de la Corte Suprema no son susceptibles de recurso alguno. Sostuvo que la norma legal objetada infringe la igual protección en el ejercicio de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, entre otras garantías, al no permitírsele recurrir en contra del fallo de una sala del máximo Tribunal.

Se modifica el Código Penal y la Ley N°19.913, de 2003.

El Fisco no puede desligarse de la responsabilidad subsidiaria que le compete respecto de los trabajadores de la demandada principal, asilándose en que es una entidad pública, argumento que contraviene los requisitos de la subcontratación establecidos en el artículo 187-A y siguientes del Código del Trabajo, por ende, debe responder por los incumplimientos de la empresa contratista hacia el demandante.

La Comisión de Constitución terminó con el estudio de las indicaciones presentadas a la iniciativa, que previamente había sido analizada por su par de Seguridad Pública.

El Pleno de la Corte Suprema accedió además a la solicitud de designar a la magistrada para que asuma exclusivamente la causa hasta el 31 de diciembre de 2023, liberándola de la asistencia a sala y Pleno en la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Marcial.

Sus dichos se enmarcan en la aprobación de la creación de un Consejo Técnico Asesor de la Contraloría General de la República y de un nuevo capítulo sobre “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”.

La sala respaldó el proyecto que busca realizar una serie de cambios en esa línea con miras a homologar criterios y reducir asimetrías en favor de la eficiencia. Ahora debe cumplir su segundo trámite.