En lo esencial la iniciativa establece que los Ministros de Estado, los diputados y senadores, el Presidente de la República, y las demás autoridades y funcionarios que se señalan, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, la que, en todo caso, deberá contener la singularización de todas aquellas actividades y bienes del declarante, y que en caso de incumplimiento se podrá aplicar una multa a beneficio fiscal de 10 a 30 UTM.

«la situación es grave, ya que las vertientes naturales que proveen agua a las distintas comunidades se encuentran situadas justamente bajo las instalaciones de las mineras, existiendo el peligro latente de que estas sean contaminadas, situación que vulneraría el derecho a la vida, a la propiedad y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación».

Se dedujo una acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana, por cuanto dictó una serie de resoluciones que rechazan el pago de licencias médicas de una particular, situación que vulneraría su integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad sobre el subsidio que […]

Con el fin de “subsanar un gravísimo problema que en el mediano plazo generará un fuerte impacto”, tanto en el “crecimiento urbano”, en el “medio ambiente” y en la “la viabilidad para la pequeña y mediana agricultura que utiliza el agua de riego para sus procesos productivos”.

Cabe señalar que la Ley Nº 20.500 (D.O., 16 febrero 2011), sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, fue dictada en cumplimiento del mandato constitucional referido al deber del Estado de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida.

El fallo de la Magistratura Constitucional gala, razona que la norma tan sólo puede aplicarse a título excepcional para proteger la seguridad de las personas y de los bienes contra una amenaza terrorista inminente y precisamente identificada.

«privar a los atentados contra el derecho a la honra, que no constituyan delitos específicos, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general (art. 2329), las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral, que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y, ordinariamente, el único».

La gestión pendiente invocada es un juicio ejecutivo seguido ante un Juzgado Civil de Santiago, mediante el cual el SENAME pretende el cobro de la participación en el producto de la venta de un inmueble enajenado por la “Fundación Mi Casa”.

La gestión pendiente invocada es un recurso de protección que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago deducido en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y la Dirección del Trabajo, mediante el cual se pretende dejar sin efecto el acto administrativo que determinó que la actora no cumplía con los requisitos para ser incorporada en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración participar en una licitación.

(…)durante la discusión en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, la moción fue objeto de una indicación sustitutiva que suprime totalmente las excepciones a las incompatibilidades del cargo de concejal, es decir, incluso no podrían ser concejales los actualmente excluidos, esto es, los profesionales no directivos.