El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del canal público al mantener en accesible el capítulo del programa Alma Negra “El crimen del profesor”, sin contar con el consentimiento de los parientes de la víctima.
Llama la atención a estas sentenciadoras que dichos atestados pretendían sustentar la tesis de la defensa, propugnando que existió consentimiento de parte de la víctima a los actos del encartado basado en su supuesto comportamiento sexual. Lo anterior, constituyen ideas preconcebidas sobre determinadas características que debería tener una mujer, basándose en patrones socioculturales de conducta entre hombres y mujeres donde lo femenino aparece como inferior a lo masculino.
La creación de la Comisión es una facultad con la que cuenta el Poder Ejecutivo ante la necesidad de elaborar o reformar una política pública, adoptar una decisión relevante, o acometer un proyecto de interés social que exige consultar formalmente del consejo previo de expertos mediante la constitución de un colegio asesor, indica el informe que evacuó el Contralor General de la República.
La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, por lo que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de San Ignacio que desvinculó al funcionario por falta grave a la probidad.
Si bien el Ministerio Público manifestó su intención de revisar el arresto domiciliario del amparado, atendido que lo habría incumplido, ello no justificaba disponer su detención, porque la audiencia no estaba citada para ese objeto.
Cuando hay un menor de edad cuyos derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir teniendo en cuenta su mejor interés, opinión que puede o no coincidir con la de los adultos que intervienen en el pleito. La regla así establecida que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otra consideración tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de los otros sujetos.
La posible detención del hijo del imputado puede generar una preocupación legítima en este último, pero no constituye una coacción inminente que impida el libre ejercicio de su voluntad.
Lo anterior, porque una supone no disputar los hechos asentados en la sentencia y la otra debatirlos, antítesis que entonces impide la resolución conjunta de ambas causales como pretende el arbitrio en examen
El contexto de campaña electoral en que pueden cometerse las infracciones, la naturaleza de proselitismo político de estas, así como la natural afinidad política que puede darse entre la autoridad infractora y su superior jerárquico, justifican que el legislador haya resuelto que sea un organismo independiente y especializado el encargado de fiscalizar y sancionar tales faltas.
El empresario fue condenado a un año de prisión por el delito contra los derechos de los trabajadores.
