La nueva normativa impone a las compañías la obligación de optar por métodos de prueba alternativos que estén debidamente autorizados por la entidad competente, para la “investigación científica, desarrollo y control de calidad” de sus productos.
En el evento que los establecimientos educacionales no respeten este derecho, se puede recurrir ante la Superintendencia de Educación para que se tomen las medidas pertinentes, pudiendo iniciarse un procedimiento sancionatorio en caso de eventuales infracciones a la normativa educacional.
Los agentes detuvieron al acusado luego de recibir una denuncia presencial de una mujer de mediana edad, que acusó que tres hombres en un auto morado le ofrecieron droga, sin aportar mayores descripciones de tales individuos y sin registrar mayores antecedentes de la denunciante para obtener su declaración.
Cuando un sujeto pasivo que media en la prestación de un servicio por vía electrónica operando, por ejemplo, con una plataforma «on-line» de redes sociales, está facultado para autorizar la prestación del servicio o el cargo de este al cliente o bien para fijar los términos y las condiciones generales de la citada prestación, debe considerarse que es el prestador de los servicios a efectos de la normativa del IVA.
El máximo Tribunal indicó que al tenor del Nº1 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, no se distingue el tipo de tribunal que emita el fallo para disminuir o aumentar la fuerza ejecutiva que posee la sentencia definitiva como título.
El artículo 104 B de la Ley 18.695 no permite un número superior de integrantes. Además, tampoco pueden participar otros ediles en calidad de oyentes.
Por su parte, Metro S.A. precisó que la Ley 20.285 solo le resulta aplicable respecto a disposiciones referidas a la transparencia activa, por lo que no se encuentra obligada a proporcionar dichos antecedentes.
Ambas instancias trabajan en el análisis de los artículos e indicaciones que buscan fortalecer la iniciativa estableciendo medidas de protección a favor de las víctimas y de restitución de los derechos vulnerados.
Es necesario estar en presencia de alguna de las hipótesis aceptadas por el Servicio para la concesión del Bono. Y que se acompañen la copia del contrato de trabajo, el certificado de nacimiento del menor, el acuerdo entre las partes y la aceptación del bono.
La pretensión de tutela judicial implica no sólo el derecho a manifestarse y a ser informado sobre el objeto del proceso, sino también a presentar argumentos. A la luz de los elementos incorporados al expediente, es posible concluir que el recurrente ha probado la vulneración de los principios del sistema acusatorio y defensa plena.
