El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia cuestionada, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que acogió la demanda y ordenó al médico resarcir el daño emergente y daño moral provocado a la paciente.
El tribunal condenó a Balbontín San Francisco a cumplir 61 días de reclusión, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, como autora del delito consumado de atentado contra la autoridad.
En el libro, el profesor Poyanco analiza la jurisprudencia constitucional de ocho países (Alemania, Italia, Portugal, España, Brasil, Colombia, Perú y Chile), además del Tribunal Europeo de DD.HH. y la Corte Internacional de DD.HH., mostrando cómo se entiende en la actualidad el problema de la justiciabilidad de los derechos sociales.
La requirente estima que los preceptos impugnados vulneran el derecho a desarrollar cualquier tipo actividad económica, el derecho a una protección justa y pacífica del desarrollo de una negociación colectiva y el contenido esencial de esas garantías.
La realización de nuevos exámenes o una evaluación clínica son diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido.
La facultad de examinar el título y despachar o denegar la ejecución constituye una excepción que, como tal, ha de ser interpretada en forma estricta, y por ende no es posible aplicarla analógicamente a otra fase del procedimiento.
La reclamante no solo está obligada a contar con un reglamento para estos fines, sino también a garantizar su aplicación por lo que la sanción es procedente.
La Corporación Educacional requirente estima que la subvención educacional percibida, es un bien inembargable en virtud del artículo 445 Nº 14 del Código de Procedimiento Civil.
El Estado está obligado a garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescente con una tutela judicial efectiva en tiempo útil.
La autoridad está obligada a emitir un acto administrativo formal, toda vez que, de ello, surge para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional de aquella decisión.
