“es la primera vez que una Ministra es designada como senadora” y que el artículo 59 del texto político “prohíbe tajantemente que un diputado o senador pueda ser nombrado en un cargo dependiente del Presidente de la República, como ministro de Estado, salvo en caso de guerra exterior”.
Observa luego que para determinar los trazados y establecer medidas preventivas de los impactos evidentes que una actividad como el Rally Dakar, no se consideró la opinión de los pueblos originarios ni tampoco la del Consejo de Monumentos y de la CONADI.
Observa luego, que el ejercicio de la función investigativa “se encuentra radicada en los funcionarios del Ministerio Público pertenecientes a los estamentos auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales, quienes realizan, como tareas esenciales, labores de tramitación de causas penales, con lo que se hace aún más plausible equiparar las funciones que se cumplen al interior de las fiscalías a las propias de una práctica profesional” y que por “razones de economía hacen procedente que los propios funcionarios de una Fiscalía cumplan su práctica profesional al interior de la mismas”.
En lo fundamental la iniciativa pretende que el Congreso pueda tener acceso detallado de la información respecto de cómo y en qué se utilizan los recursos contenidos en la Ley de Presupuestos.
Ahora bien, con el nuevo nombramiento de senadores como secretarios de Estado ha resurgido el debate en torno al sistema de reemplazo vigente establecido en el artículo 51 de Carta Fundamental, el cual dispone que “las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”.
«…infringe el principio de proporcionalidad y la autonomía de las Municipalidades y su facultad esencial de poder asociarse entre ellas, obteniendo personalidad jurídica, conculcando con ello el artículo 118, incisos cuarto y sexto, de la Constitución Política».
Estas numerosas indicaciones buscan claramente representar los diversos criterios de los legisladores, pero a su vez, intentan también hacer partícipes a los variados actores y sujetos que juegan algún rol en el rubro de la telefonía, o que velan por la participación ciudadana frente a esta problemática.
Observa luego que estos acontecimientos se han tornado frecuentes en nuestra sociedad, quedando en evidencia casos que “dan cuenta de la situación de violencia al interior de los establecimientos educacionales”.
En efecto, el Contralor General sólo se pronunciará sobre la juridicidad del sumario en la oportunidad en que le sea remitido para el trámite de toma de razón, si fuere procedente, situación que no ha ocurrido a la fecha.
Observa luego que las consideraciones que llevaron a la Magistratura Constitucional a tomar esa decisión fue principalmente la amplitud del “concepto legal de vía local”, y que tal amplitud podría afectar “el ejercicio del derecho a la libertad de circulación por las mismas, que es parte del conjunto de garantías de la libertad ambulatoria contenidas en el numeral 7° del artículo 19 de la Constitución”.
