Solo desde esa época nace para el municipio la obligación de cumplir con los pagos previsionales, debido a que los contratos de prestación de servicios que celebra la Administración gozan de presunción de legalidad, por ello al declarar la nulidad del despido los intereses penales deben computarse desde que la sentencia quede a firma, de lo contrario implicaría una reparación injusta y desproporcionada en favor del ex funcionario, porque el órgano no tuvo plena libertad para efectuar la convalidación.

El control de los fiscales europeos delegados (FED) asistente debe limitarse a las cuestiones relativas a la aplicación de las medidas transfronterizas de investigación, pues la adopción y la motivación de una medida de investigación se rigen por el derecho del Estado miembro del FED que está encargado del asunto, mientras que la ejecución de esa medida se rige por el Derecho del Estado miembro del FED.

El dictamen orienta sobre el cumplimiento de la obligación de contratación de personas con discapacidad y asignatarias de una pensión de invalidez en forma directa o a través de una medida subsidiaria; el registro de contratos de trabajo de personas con discapacidad y el procedimiento de comunicación electrónica anual, entre otros temas.

No se demostró que no haya recibido la atención médica necesaria por parte del Servicio Penitenciario, ni se explica por qué serían mejor atendidas en el domicilio de aquél.

La variedad de diferentes salvaguardias institucionales permitió a los sindicatos de funcionarios defender eficazmente sus intereses. La elevada tasa de sindicalización entre los funcionarios públicos alemanes ilustra la eficacia en la práctica de los derechos sindicales tal como se garantizan a los funcionarios públicos. La prohibición de huelga no priva de sustancia a su libertad sindical.

Comenzará a regir seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de los reglamentos que regularan el uso, almacenamiento, conservación, estándares de revisión y destrucción de los registros audiovisuales.

La póliza define a los participantes como aquellas personas que contribuyen al desarrollo de la actividad asegurada, por lo que el lesionado-torero- no era un mero espectador. Tendrán tal consideración los organizadores, técnicos responsables, diestros, toreros, novilleros, rejoneadores, miembros de la cuadrilla, toreros-cómicos, picadores, banderilleros, corredores en sueltas y encierros y en general cualquier persona, profesional taurino o no, que tenga participación activa en el evento.

La falta de aplicación de la norma vigente puede generar resultados abiertamente inconstitucionales y una desprotección a un sujeto de especial protección constitucional. En consecuencia, a partir de la aplicación retrospectiva de la Ley, se garantizó el cumplimiento de los valores de justicia y equidad y el principio de favorabilidad, todos ellos previstos en la Constitución.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que la resolución que se pronuncia sobre las excepciones de incompetencia, caducidad y prescripción sólo es apelable cuando son acogidas, es decir, sólo se podrá interponer recurso de apelación si la resolución del tribunal no beneficia al demandante.

Ponderados los antecedentes allegados conforme a los elementos de la sana crítica, se desprende que indudablemente el actuar de la recurrida resulta arbitrario.