El actor prestó servicios como responsable de un programa municipal financiado por el gobierno regional y en tal función no estaba sujeto a instrucciones ni órdenes de la demandada, escapando de los presupuestos establecidos en el artículo 7 del Código del Trabajo.

Los hostigamientos y amenazas dirigidas a las integrantes de las Damas de Blanco se han prolongado en el tiempo, siendo las autoridades las principales responsables. La continuidad de dicha situación puede dar lugar a afectaciones de mayor gravedad.

La orden fue emitida con un antecedente válido y por un juez de la República sin que el imputado desmintiera su fundamento o la existencia de las especies encontradas, argumentando su invalidez únicamente en el mérito de la denuncia anónima que se tuvo como antecedente para la diligencia.

El recurrente fue sorprendido aumentando los focos de incendio al interior de la Universidad Pedro de Valdivia en medio de una manifestación posterior al 19 de octubre de 2019, momento en que es registrado por personal de Carabineros que lo detienen al presenciar un delito flagrante.

Para cumplir con el requerimiento de pago exigido en la norma bastaba con notificar al deudor vía correo electrónico o SMS. La recepción de esta comunicación debe ser certificada por un servicio de entrega electrónica.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a 7 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, tras descartar la prescripción de la acción penal y la media prescripción por tratarse de un crimen de lesa humanidad.

Modificación que comenzará a regir desde la publicación respectiva en el Diario Oficial.

La Corte de Antofagasta había dispuesto que el Alcalde debía eliminar toda publicación que compartía fotografías o datos personales del actor, y abstenerse en lo sucesivo de incurrir en conductas similares por cualquier medio de comunicación social.

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia impugnada.

El documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información.