La recurrente considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
La amparada mantiene residencia definitiva desde 2005.
Los hechos ocurrieron en la cafetería del recinto portuario de la ciudad de Melilla.
Corte de Arica indicó que la resolución impugnada carece de fundamento suficiente.
Máximo Tribunal señaló que hechos denunciados no son parte de aquellos susceptibles de ser asegurados por la acción de habeas corpus.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió el 24 de enero pasado extender a Fase II el análisis de esta operación basándose en el artículo 54 letra c) del Decreto Ley 211, que permite ampliar el análisis de una operación de concentración hasta por 90 días hábiles.
El Tribunal de alzada acogió la prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, con declaración de que se condena a la demandada, a indemnizar al fisco por los perjuicios por el tiempo de ocupación.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación deducido en contra de la sentencia que había declarado prescrita la acción por daño moral.
El Tribunal rechazó la acción al considerar que quien suscribió el pagaré no tenía facultades para representar a la sociedad anónima.
