Los autores del texto señalan que el actual Código Sanitario data de enero de 1968 y que, desde esa fecha, el cuerpo normativo ha experimentado algunas modificaciones, pero ellas no han sido sustantivas.
Lo acompañarán en la directiva la diputada Loreto Carvajal, como primera vicepresidenta, y el diputado Pepe Auth, como segundo vicepresidente.
La resolución pide al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que instruya a la empresa Metro adoptar medidas de prevención necesarias, con el objeto de evitar conductas de acoso sexual en sus vagones y estaciones.
La propuesta contempla la tipificación de nuevos delitos y la adecuación de algunos ya presentes en el Código Penal.
Así lo manifestó el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana. El vicepresidente Alfonso De Urresti, aseguró que es en el parlamento donde se confrontan ideas y se construyen acuerdos.
Cuando no había ninguna oferta económica, los ciudadanos suizos estaban dispuestos a aceptar la peligrosa instalación dada la importancia de la energía nuclear para todo el país. Su compromiso con el bien común prevalecía sobre otras consideraciones individuales.
En el caso de ser sorprendido sin haber pagado la segunda cuota del permiso de circulación, se expone a una multa de hasta el 35% del valor que tenía que pagar y a una infracción grave que le cursará Carabineros, pudiendo ser esta de 1 a 1,5 UTM.
El texto analiza el problema persistente de la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes en Estados Unidos y, en particular, la profunda disparidad racial en lo que respecta a la labor policial y al sistema de justicia penal.
Nicholas Bequelin, director regional del organismo, destacó que «los valientes ciudadanos de Filipinas que ponen en tela de juicio la 'guerra contra las drogas' o buscan justicia para sus seres queridos, necesitan el apoyo internacional para ayudarlos a poner fin a este clima de temor, violencia e impunidad».
La organización pide al Parlamento tunecino que no adopte el proyecto de ley sin introducir en él cambios fundamentales para que sea compatible con el derecho internacional y la propia Constitución del país.
