El Tribunal de alzada dio por interpuesto el recurso y solicitó a la parte recurrida remitir en el plazo de 10 días los antecedentes relacionados con la acción cautelar.
Según el ente persecutor, aproximadamente a las 3 horas de la madrugada del sábado 23 de mayo de 2020, personal de Carabineros de la Primera Comisaria de Santiago concurrió hasta un inmueble, tras recibir información que en dicho lugar se realizaba una fiesta clandestina en un espacio confinado y con un alto número de asistentes, infringiendo normas sanitarias y el toque de queda impuestos por la autoridad.
Al no haber variado la situación fáctica que justificaba que no concurriera a sus labores habituales, ausencias de actora deben ser consideradas como justificadas.
Tal conclusión se encuentra jurídicamente respaldada en el artículo 1556 del Código Civil.
La Corte Suprema señaló, para que un error de derecho pueda influir de manera substancial en lo dispositivo del fallo aquél debe consistir en una equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir la cuestión controvertida.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional adujo que en el caso no hay medidas que signifiquen afectación de derechos fundamentales, con lo cual es claro que el presente proceso no parte del estándar de consecuencias lesivas propia de la vulneración del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.
Deberá dictarse un reglamento que señale requisitos para autorizar el porte.
La Corte Suprema señaló que, actuaron correctamente los sentenciadores del grado al declarar la prescripción parcial de las cuotas que vencían con anterioridad al año desde la notificación del libelo al deudor.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2 y 24.
