La demandada fundó su recurso en las causales consagradas en los artículos 477 y ?en subsidio- 478 letra c).
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad e integridad física y psíquica.
En la medida que la institución de enseñanza que lo otorgó certifique su condición de título profesional.
El recurrente estima vulnerado su derecho de propiedad.
La aparición de la tecnología ha permitido a la Administración trasladar la adopción de determinadas decisiones a sistemas informatizados, mecanismos que emiten el acto administrativo sin intervención directa de funcionario alguno.
La Corte de Puerto Montt estimó que no concurrieron en la especie vicios de legalidad material o formal que importen la vulneración del principio de juridicidad.
El Contralor estimó que no se evidencia una infracción normativa que afecte la regularidad de las operaciones de ERSA ni el cumplimiento de sus fines.
Tanto la parte demandada como la demandante recurrieron respecto de la decisión del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos, en actual conocimiento de la Corte de Santiago por recursos de apelación y casación en la forma, en los que se ordenó el lanzamiento del requirente y su familia del inmueble que habitan al haberse dictado sentencia en su contra.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Prado y la Ministra Sandoval.
