La falta de actuación del Ministerio, importa una discriminación en perjuicio del recurrente en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han obtenido la decisión de sus solicitudes dentro de los plazos razonables que confiere la ley.
Mientras hayan desempeñado labores idénticas que los establecimientos de salud pública o privada durante la pandemia del COVID-19.
La medida busca proteger especialmente a los afroamericanos, cuyo cabello rizado en muchas ocasiones ha sido asociado a la desprolijidad y la falta de higiene.
El actor alegó que el órgano recurrido no lo escuchó previó a modificar la posesión efectiva de su madre, afectando así el debido proceso, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, tras determinar que la tramitación de una posesión efectiva no es un asunto litigioso que contenga etapas de discusión.
Acusar una errada valoración de la prueba de parte de la judicatura al momento de apreciar las diferencias entre dos marcas, sin puntualizar la norma probatoria que se estima infringida, no permite desvirtuar los hechos asentados por el tribunal, y es una muestra de la disconformidad del recurrente con el resultado del juicio.
Pueden examinar las pruebas del caso e incluso dictar sentencias, ya que utilizan en tiempo real bases de datos jurisprudenciales y de big data. No obstante, algunos especialistas advierten sobre el mal uso que podría darse a la información recabada en los juicios.
Es necesario detener estos intentos de naturalizar una conducta patológica hacia los niños.
El Tribunal determinó que no resultaba justo que el consumidor asumiera los efectos ocasionados por la negligencia y la falta de información de parte de la denunciada, más si ya había cumplido con sus obligaciones contractuales.
Las externalidades negativas que conllevan los espectáculos pirotécnicos, son mayores a los beneficios sociales que genera.
El empleo bajo modalidad de contrata tiene carácter transitorio al tenor del artículo 3° del Estatuto Administrativo y de la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, por lo que la autoridad administrativa está facultada para poner término al vínculo antes de la fecha máxima de vigencia.
