El elemento predominante, que guió la actuación del demandado, era expresar sus ideas, pensamientos y opiniones sobre los hechos objeto del proceso, y sensibilizar a la opinión pública sobre la protección que merecen los derechos humanos.

El artículo 79 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886 dispone que las Bases y el contrato de concesión deben contemplar un procedimiento para decretar el término contractual anticipado, de manera que el municipio no puede escudarse en las Bases, si estas no están redactadas con respeto a la Ley y su Reglamento.

En la diligencia el ministro Hormazábal tomó declaración a la víctima sobreviviente, tres testigos de los hechos y a los militares en retiro acusados Gustavo Camilo Ahumada, Jerman Ocares Morales y Luis Pavez Silva; además de René Ojeda Caro, empleado civil y reservista del Ejército.

Con el nuevo organismo se espera aplicar un nuevo modelo de intervención más profesionalizado, con respeto a los derechos humanos de los jóvenes, para lograr su reinserción y evitar la reiteración delictual.

Los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones analizarán las indicaciones presentadas al proyecto que sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo a todo aquel que conduzca un vehículo sin placa patente o con ella oculta.

El requirente alega que la restricción de su libertad personal resulta desproporcionada, afectando además su garantía a la libertad del trabajo.

Se infringen las normas de tratamiento de datos personales y sensibles, al atribuir al recurrente ser un mal padre por la red social.

El control del régimen jurídico y de remuneraciones del personal de CONAF corresponde a la Dirección del Trabajo, informó la CGR.

Si bien el Código Civil establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, aplicar esta norma implicaría amputarle a la vida de la menor una parte de su historia, el amor recibido y la cotidianeidad mantenida con su papá adoptivo solo por el hecho de no ser su padre biológico. El sistema normativo no se reduce solo a las normas internas, siendo necesario recurrir a la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

La requirente estima que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el debido proceso.