Las resoluciones impugnadas no explicitan suficientemente los factores que se tuvieron en cuenta para modificar estos criterios, los que en su origen, tenían como finalidad favorecer a los armadores de la Isla Santa María.

Vedar el acceso a la libertad condicional sólo por la condición de reincidente no supera el test de racionalidad constitucional, cuando el interno ha transitado las anteriores etapas del tratamiento penitenciario con éxito.

No existe ilegalidad o arbitrariedad en el acto denunciado, en vista que la recurrida se limitó a dar su opinión sobre la materia, señalando la normativa que podría sustentar su pronunciamiento.

La Sala de la Cámara de Diputados solicita que se establezca un programa de promoción y favorecimiento de la utilización de esta modalidad sanitaria.

La Sala de la Cámara de Diputados instó al Presidente de la República a que envíe un proyecto de ley que extinga las deudas de los usuarios acogidos a las leyes que regulan el corte de servicios básicos domiciliarios durante la pandemia.

La instancia ha dedicado una serie de sesiones a analizar las propuestas con diversos especialistas y profesores de derecho para lograr una redacción óptima de la normativa.

La iniciativa busca seguir la vía constitucional para asegurar la protección de la función constituyente, ofreciendo una salida institucional a la evidente necesidad de permitir a quienes han defraudado la fe pública e incurrido en irregularidades dar un paso al costado.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada el 24 de junio de 2021, que acogió la demanda por vulneración de derechos respecto de daño a la integridad psíquica y la honra de las afectadas.

La medida cautelar tendrá vigencia hasta que esta judicatura especializada dicte sentencia en la reclamación presentada por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Jorge Yarur Bascuñán en contra de la resolución en que la Superintendencia del Medio Ambiente aprobó el programa de cumplimiento refundido presentado por Reconsa en el procedimiento administrativo sancionador llevado en su contra.

El máximo Tribunal consideró que se cumple con los requisitos para acceder a la acción contemplada en la Constitución Política de la República.