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La Magistratura Constitucional señala que, respecto de la igualdad ante la ley, la inconstitucionalidad del precepto contenido en el inciso primero del artículo 4 de la Ley N° 19.886, se manifiesta fundamentalmente, en tanto aquel obsta participar a todos los empleadores condenados por igual.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa principal por la falta de la seguridad en las condiciones laborales en que el trabajador ejecutaba la faena encomendada.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de Iquique.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El máximo Tribunal rechazó el arbitrio presentado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que anuló parcialmente la sentencia que había ordenado al Serviu V Región responder solidariamente por los $70.000.000 a que fue condenada la empresa a cargo de las obras.
El Tribunal de alzada acogió la acción tutelar deducida, tras constatar el actuar arbitrario de la recurrida al no adoptar una conducta activa frente a la solicitud del recurrente.
El ente contralor adujo esto, en la medida que aquellas se efectúen conforme a las autorizaciones contenidas en la ley de presupuestos, en las respectivas asignaciones presupuestarias y en general, de acuerdo con la preceptiva que rija la materia.
Los demandantes arguyen que no cabe duda alguna que en el sector donde se emplaza el proyecto, esto es, un banco de machas, ha generado un impacto ambiental y daños al medio ambiente especialmente a los recursos bentónicos del lugar, producto de la instalación del cable FOS 5G.
En el caso de Ponce Lerou, el máximo Tribunal rechazó el recurso de casación deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, aplicando lo resuelto por el Tribunal Constitucional, redujo de 1.700.000 a 75.000 UF la sanción aplicada al ejecutivo.
