La conclusión en contrario no permite divisar la razón por la que el legislador estableció que previo a su término, debe emitirse un pronunciamiento en sede judicial.
El reclamo debe interponerse en el plazo de 10 días hábiles que consagra la norma.
Diferencias en la línea argumentativa no proceden, pues queda asentado desde el inicio de la tramitación de la causa las pretensiones de ambas partes, hechos que no pueden ser modificados por el máximo Tribunal.
El requirente alega que el precepto impugnado contradice la Constitución, en la forma en que ésta regula el desafuero de autoridades públicas.
Esto se desprende del artículo 2519 del Código Civil, en relación con el artículo 98 de la Ley N°18.092.
Por ende, frente a la excepción de prescripción, el demandante no puede invocar que algunas cuotas sean prescritas y otras no.
El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto vulnera preceptos constitucionales, afectando la igualdad de la relación procesal.
Esto, según lo consignado por el artículo 162 del Código del Trabajo, que en opinión del máximo Tribunal es compatible con la acción del artículo 171 del mismo cuerpo legal.
El acuerdo se enmarca en la ejecución de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional aprobó un artículo que señala que la ley que deberá crear los futuros tribunales vecinales “dispondrá la forma en que los Juzgados de Policía Local transitarán para la conformación de la Justicia Vecinal”. La indicación deberá ser votada por el pleno el martes 14 de junio.
