Así, que entre la primera votación y segunda vuelta para elegir Presidente de la República no haya un plazo superior a las cuatro semanas, «de modo de no dilatar excesivamente las campañas electorales e impedir que las elecciones coincidan con las fiestas de fin de año».

La gestión pendiente invocada está constituida por cinco recursos de nulidad que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Temuco, mediante los cuales se impugnan una serie de sentencias definitivas dictadas por un Juzgado de Letras del Trabajo de dicha ciudad.

(…)debe aplicarse “plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5º de la Ley de Transparencia, pues como afirma el propio artículo 21 ? 1 b), los fundamentos de las decisiones son «públicos una vez que sean adoptadas».

Los recurridos informaron que las religiosas no tienen su domicilio en el lugar donde se ubica la propiedad que arriendan y que esta no sería la vía idónea para resolver la cuestión planteada, por cuanto se trata de una materia de lato conocimiento y que se encuentra bajo el conocimiento de los tribunales de justicia.

La iniciativa hace propia la conclusión de la “Comisión Interamericana de DDHH”, que determinó que “la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios, afectaba seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los estados miembros de la Organización de Estado Americanos”.

Razona luego que la “gestión judicial” -a que aluden el constituyente y el legislador en la materia- está referida al negocio jurisdiccional a que da origen una controversia jurídica entre partes (dos o más personas con intereses contrapuestos), sometida al conocimiento y decisión de un tribunal.

La Corte de Apelaciones de Chillán desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Ñiquén en contra de una resolución del CPLT que acogió el amparo de acceso deducido por un concejal de esa comuna y ordenó la entrega de una serie de antecedentes referidos a la administración municipal. La sentencia razona que […]

El recurso denunció vulneración de los artículos 141, letras b) y d), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 11 de la Ley Nº 19.880, porque el fallo impugnado confundió el plazo para interponer el reclamo de ilegalidad ante la autoridad municipal con el término previsto para reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva.

“Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por el abogado del recurrido en estrados, es posible concluir, que no es un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional invocada, ni ninguna otra, motivo por el cual se deberá rechazar el recurso en la forma que se dirá en la parte resolutiva”, donde sólo hace referencia a uno de los tres recurrentes.

(…)así ocurre en aquellos casos en que “la falta personal ha sido cometida en el servicio o con ocasión del servicio” y en que los medios materiales de la falta “han sido puestos a disposición del culpable por el servicio”.