El máximo Tribunal ratifica el fallo recurrido que estableció la responsabilidad de BancoEstado por la clonación de la tarjeta de crédito de clienta, quien viajó a Brasil, en febrero de 2013, país donde sufrió una serie de giros sin su autorización.
Las isapres Banmédica y Vida Tres son sancionadas por negar cobertura a atenciones dermatológicas; omitir información sobre el derecho a reclamo en el caso de rechazos de cobertura, y condicionar la recepción de solicitud de reembolso a la acreditación del prestador.
El fallo establece que «con los antecedentes morfológicos del paciente no se le hospitalizó, tampoco se le aplicó exámenes de imagenología a fin de establecer un diagnóstico adecuado».
El Consejo para la Transparencia expone en síntesis que no existe identidad entre el solicitante de información y quien recurrió de amparo ante este Consejo.
La Contraloría ordenó a la Municipalidad de Cerro Navia la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales.
El Tribunal de alzada concluye manifestando que la actuación de Contraloría General de la República que se ha denunciado como ilegal o arbitraria, no reúne los presupuestos necesarios para así́ estimarla.
El máximo Tribunal señala que no cabe sino concluir que el recurso de protección, presentado con fecha tres de junio de dos mil dieciséis, lo ha sido dentro del plazo que se especifica.
Patricia Estay Barrera sufrió, el 21 de mayo de 2015, lesiones producto del actuar de Carabineros, hechos por los cuales dos miembros de la policía uniformada fueron procesados y sobreseídos por la justicia militar.
El Tribunal de alzada acoge el recurso de la organización gremial y dicta sentencia de reemplazo, estableciendo que «a la luz de las disposiciones aludidas el empleador no puede modificar la malla de turnos a su arbitrio y debe ser con acuerdo de la demandante».
El fallo acogió la demanda tras establecer que la Municipalidad de Arica descontó montos de dinero de la remuneración mensual de los trabajadores demandantes, «sin que justificara en este juicio la legalidad y legitimidad de ese descuento».
