La iniciativa también buscaba disponer el control por parte de la autoridad sanitaria. Dado su rechazo en su idea de legislar, el texto pasó a archivo y no se podrá presentar una propuesta similar hasta pasado un año.
La legislación no logró un equilibrio justo entre los intereses contrapuestos de los trabajadores, que buscan ejercer sus derechos sindicales, y los del empleador y la comunidad en general.
La nueva Mesa de la Corporación se reunió con el Presidente de la República, Gabriel Boric, donde abordaron priorizar las urgencias legislativas que tiene el gobierno, pero también compatibilizarlas con las prioridades de las distintas bancadas.
Pero hay una razón jurídica de fondo que debió transmitirse enfáticamente: el indulto que fue concedido a Fujimori NO es un caso de la Corte IDH. No siéndolo, jamás la Corte podría pronunciarse por un caso que no corresponde a su jurisdicción. La razón que lo sustenta es que el indulto es una institución del derecho interno del Estado y no del derecho internacional. El caso de Barrios Altos y La Cantuta es distinto del indulto.
La Comisión inició el estudio de varias propuestas legislativas que buscan proteger la salud mental en los estudios superiores y los procedimientos de denuncia en caso de acoso laboral para académicos y funcionarios.
El término educación no sexista admite una interpretación muy razonable y obvia, como “contraria al sexismo”, y sexismo, en su sentido literal, y además natural y obvio, se define como discriminación entre las personas en razón de su sexo.
El recurrente acusó que por años la empresa estatal le ha negado el acceso a El Teniente, por estar en una lista de personas con acceso prohibido a las dependencias de la minera, debido a un incidente ocurrido en 2017. Por su parte, Codelco refirió que el actor no se encuentra en ninguna lista de inhabilidades, por lo que puede solicitar cuando quiera el permiso de acceso.
La actora intentó revertir el acto que no renovó su continuidad para el período 2024, esgrimiendo el principio de confianza legítima, sin embargo, la magistratura estimó que no puede configurarse dicho principio en favor de la recurrente debido a que sólo estuvo vinculada a la administración por un plazo de 2 años, por lo que no era necesario un acto fundado para terminar la relación entre las partes.
La propuesta gubernamental promueve que las Fuerzas Armadas apoyen en temas de seguridad interna a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado (referendo). Plantea que los miembros de las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones y explosivos en las calles y vías del país (consulta). Además, propone los militares puedan ingresar a las cárceles. Roles que estaban enfocados en la Policía y el servicio penitenciario (consulta).
Ha sido el propio ejecutado el que tácitamente ha aceptado la posibilidad de la ejecución forzada, al contraer las obligaciones; pero más aún, si fuera el caso de que algún precepto afectara ese derecho, por rebajar la tasación disminuyendo el precio que puede obtenerse por los bienes embargados, esa norma no sería el artículo 500 N°1 sino el 499 del Código de Procedimiento Civil, puesto que es este último el que dispone la reducción del precio mínimo de subasta, hasta en un tercio del avalúo.
