Al imponer esta cláusula de manera generalizada, se limita la capacidad del consumidor para ejercer su derecho al cambio y/o devolución del producto o prestación, de ser el caso. Asimismo, debe considerarse que la inclusión automática de dicha cláusula sin evaluar las particularidades de la transacción desconoce el principio de equidad en las relaciones de consumo.

El conflicto surge acerca del modo de resguardar la libertad de expresión y el derecho al disenso bajo una emergencia. Para el Tribunal de Apelaciones la conducta del gobierno norteamericano, obligando a las plataformas a censurar contenidos y dar de baja a ciertos, incidió negativamente en el disfrute de esta libertad.

La Séptima Sala del tribunal de alzada rechazó, además, el recurso de casación en la forma interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia impugnada, dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago.

Se debe puntualizar que si bien la Ley de Presupuesto para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial.

Junto a esta medida, las y los diputados también solicitaron al Gobierno que instruya el uso obligatorio de uniformes en la población penal.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, los principios de non bis in idem y de proporcionalidad y el derecho de propiedad, desde que a pesar de que existen otras sanciones por el incumplimiento en el pago oportuno de las cotizaciones previsionales, el interés penal, que se asimila a la cláusula penal y al interés penal tributario, conduce a un enriquecimiento sin causa.

La conducta de la Superintendencia deviene en arbitraria tanto por no especificar los fundamentos técnicos de su determinación acorde a los antecedentes acompañados, cuanto por no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.

El solicitante debe acompañar copia de la sentencia definitiva ejecutoriada de la causa del Juzgado del Crimen, y en caso que sea condenatoria, debe también acompañar el certificado de cumplimiento de la condena, informó el Registro Civil.

No obstante lo anterior, los jueces del grado realizaron una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, valorando todos los medios de prueba que les fueron presentados, de acuerdo a lo que al efecto prescribe el artículo 297 del código citado, apreciando la prueba sin contradecir los principios de la lógica y el de la razón suficiente, como se ha pretendido por el recurrente.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a la tutela judicial efectiva en relación al debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho al ejercicio de la acción penal y el principio de seguridad jurídica, desde no puede continuar como querellante en el proceso en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga.