El acusado irrumpió en el domicilio de la víctima, para tomar venganza de parte de su hija, quien momentos antes, había participado en una riña con la hija de la pareja del fallecido.
La profesional estuvo con licencias médicas por un cuadro depresivo luego de su permiso postnatal y al retornar a su trabajo en una escuela de la comuna, advirtió que ya no existía su puesto de trabajo.
El Estado no puede actuar como un perseguidor ad infinitum. El ius punendi debe tener límites, tanto por su naturaleza como por sus efectos. De allí que la jurisprudencia haya concluido que la garantía de impugnación prevista en el Pacto de San José es a favor del imputado. Los juzgadores deben tenerlo en cuenta al emitir sus fallos, a fin de respetar los derechos fundamentales.
Las citaciones electrónicas producen los mismos efectos legales que las notificadas presencialmente. Por lo tanto, es factible sancionar administrativamente la incomparecencia de las personas citadas en la forma prevista por el artículo 30 del DFL N°2/1967.
La autoridad ejerció la potestad invalidatoria siguiendo las directrices de la Contraloría en la materia. Escuchó a los interesados y ponderó sus alegaciones, mediante un acto administrativo que explicitó los fundamentos que avalan su determinación, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta.
A fin de evitar problemas de interpretación.
Se produjo una diferencia en la interpretación de las bases entre los oferentes y el Servicio.
Para prevenir los conflictos de intereses y las desviaciones de poder.
Fue uno de los más grandes juristas de la historia y encarna la expresión culminante del positivismo jurídico. Ideó una construcción sistemática y monumental dentro de la teoría del Derecho, expresada en una cantidad inmensa de obras de innegable influencia, particularmente en los sistemas romano-germánicos, entre ellos los latinoamericanos. Kelsen es insoslayable: los desarrollos de la teoría del Derecho en los últimos 50 años no pueden ser entendidos sin tenerlo como referencia.
Algunas de las enmiendas presentadas son para el artículo 176 que trata sobre la composición de un Consejo Técnico Asesor en la Contraloría General de la República y al artículo 177 que detalla sobre la posibilidad de impugnar judicialmente las actuaciones del Contralor General de la República, excepto para los organismos y órganos de la Administración del Estado y la Administración Regional y Local, los cuales no podrían presentar reclamaciones.
