El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo deducido, anuló la resolución impugnada y procedió, sin nueva vista, a dictar sentencia de reemplazo.
El Tribunal de alzada revocó parcialmente la resolución recurrida, dictada el 26 de mayo pasado por el Juzgado de Garantía de Concepción, tras establecer que el fallo impugnado no realizó una correcta valoración de las pruebas, por lo que dispuso la repetición del juicio por jueces no inhabilitados.
El máximo acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada, anuló la sentencia impugnada y procedió, sin nueva vista, a dictar la respectiva de reemplazo.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Temuco, y condenó a los demandados al pago de la suma total de $80.000.000, por concepto de daño moral a los progenitores del menor.
En primer lugar, el máximo Tribunal negó un recurso de reposición presentado por Marcelo Vásquez contra la medida del 11 de julio en que se le aplicó la medida disciplinaria de cuatro meses de suspensión de funciones.
El máximo Tribunal descartó infracción legal en la resolución que rechazó la solicitud de registro.
El ministro condenó a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Bertalino Segundo Castillo Soto, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Alejo Esparza Martínez a 5 años y un día de presidio efectivo.
El Tribunal de alzada ordenó a la isapre otorgar a la recurrente el medicamento Revlimid o Lenalidomida y reembolsar los gastos en que hubiera incurrido para adquirir el medicamento.
El Tribunal de alzada acogió la acción de protección presentada por los apoderados, tras establecer que las reiteradas emanaciones vulneran las garantías constitucionales de los párvulos a la integridad física.
La propuesta entrega la definición de conceptos fundamentales para el entendido de esta ley, como por ejemplo qué se entiende por enfermedad terminal, y elabora un listado de derechos que poseen las personas en dicha situación y las responsabilidades que le caben al Estado en la materia, en el marco de sus posibilidades.
