El Tribunal Constitucional peruano concluyó que, habiéndose determinado que el demandante estuvo protegido durante su actividad laboral por los beneficios del Satep, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su régimen sustitutorio el SCTR y percibir la pensión de invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1, en un monto equivalente al 50 % de su remuneración mensual, en atención al menoscabo de su capacidad orgánica funcional.

Corte de Arica estimó que comportamiento de recurrido al aplicar autotutela vulneró el derecho de propiedad de los recurrentes.

Corte de Iquique estimó que amparada cuenta con arraigo social en el país que no fue ponderado por la autoridad ministerial requerida.

Máximo Tribunal estimó que hechos denunciados no implican una vulneración de las garantías protegidas por el artículo 21 de la Constitución.

El amparado fue condenado por tráfico de drogas hace más de 10 años.

Corte de Valparaíso estimó que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la actuación del tribunal recurrido.

Máximo Tribunal señaló que no es admisible invadir las funciones de otro órgano establecido en funciones particulares por el constituyente.

Entre los amparados se encuentra el Secretario General de MODATIMA y los Presidentes del Colegio de Profesores y de ANEF.

El Tribunal Constitucional peruano indicó respecto de la presunta vulneración del derecho a la igualdad que, los diferentes niveles de producción permitidos para cada uno de los tipos de actividades mineras previstas en la ley, justifican el uso de diferentes tipos de equipos y maquinarias por lo que la diferenciación en este ámbito no se reveló como inconstitucional en tanto que atendió a un criterio objetivo.

Máximo Tribunal estimó que carece de razonabilidad y vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 n° 2 y 24 de la Carta Política.