El precepto impugnado infringiría el debido proceso, específicamente el derecho al recurso, al impedirse que un tribunal superior revise lo resuelto por el juez de primer grado.
El actor se desempeñaba como fiscalizador de la Subsecretaría de Transporte.
La demandada fue condenada a pagar $44.192.792 como diferencia de la indemnización.
No existe gestión judicial pendiente. La invocada no ostenta carácter jurisdiccional.
La idoneidad del medicamento no se encuentra acreditada.
La norma en examen incide en la organización y funcionamiento del sistema electoral público y la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios.
La solicitante se desempeña como una funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Pedro y en el Programa de Salud Oral de la JUNAEB.
La resolución responde a la consulta de la Corporación Municipal de Conchalí de educación, salud y atención de menores.
La iniciativa nace de la colaboración entre el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Mal Nutrición con la FAO y la directora de FoqusChile.
El legislador deber incorporar normas que especifiquen cómo se ajustarán los parámetros de reducción de gases invernaderos para periodos posteriores al 2030.
