Por unanimidad, La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la sentencia del ministro en visita Julio Miranda Lillo, en la investigación por el secuestro calificado de Patricio Santana Boza.
La gestión pendiente incide en los autos sobre recurso de protección que conoce la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso.
En su sentencia, aduce el Tribunal laboral que los hechos particulares del caso no permiten establecer la existencia de indicios acerca de una vulneración en la esfera de la integridad física y psíquica de la actora.
En la instancia se acordó invitar en las próximas sesiones a representantes de la Asociación Nacional de la Prensa, el Colegio de Periodistas, la Biblioteca Nacional, el diario El Mostrador y la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.
La multa aludida asciende a 8.640,4 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a$ 4.378 millones.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de casación en la forma y fondo, de que conoce la Excma. Corte Suprema.
La Corte de Santiago expuso en esencia que a estos jueces no permite adquirir convicción acerca de la existencia de algún hecho que constituya privación, perturbación o amenaza a la libertad del amparado.
El Magistrado aplicó la figura legal de la media prescripción de la pena, al considerar el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y desde que -por primera vez- se dirigió acción penal en contra de Villanueva Molina.
El estudio, elaborado por los profesionales del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, fue llevado a cabo tras una solicitud de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, instancia que preside el diputado Meza.
LyD concluye haciendo referencia a la Comisión de Expertos convocada por el Gobierno, expresando que ésta “abre un espacio importante para evaluar de forma sistémica cómo ha sido utilizada esta norma, de más de tres décadas de vigencia”.
