La actuación del recurrido configuró la autotuleta, alterando con su actuar, en forma ilegal y arbitraria, una situación preexistente.
La Corte IDH valoró que Costa Rica dio cumplimiento a todas las reparaciones ordenadas en la Sentencia, dentro de los plazos otorgados en la misma.
La sentencia fue acordada con la prevención del Ministro Aránguiz y el Abogado Integrante Pierry.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.
La iniciativa establece un subsidio mensual de $49.000 a aquellos trabajadores y trabajadoras con remuneraciones brutas de $301.000, que disminuye gradualmente hasta llegar a cero para quienes tienen remuneraciones de $370.000.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional de amparo, tras establecer el actuar ilegal y desproporcionado de la policía.
El máximo Tribunal revocó la resolución del 25 de octubre de 2019, dictada por la Corte Marcial, acogiendo el recurso pero sólo en el aspecto de dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en su contra.
El Tribunal ordenó a Carabineros evacuar un informe sobre el porqué se dio dicha situación anómala, sin avisar al Fiscal ni constatado lesiones.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Quilpué, que decretó la prisión preventiva del recurrente.
El secretario de Estado valoró la invitación a la instancia, como un espacio para poder generar un diálogo sobre las decisiones que el Gobierno ha tomado en materia de orden y seguridad ciudadana y la búsqueda de paz social.
