La Corte Suprema concluyó que, la sentencia revisada incurrió en un error de derecho por aplicar el caso sub lite la causal de irregistrabilidad de la letra f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial a un supuesto improcedente.

La Corte de Santiago indicó que, la sentencia disgregó la relación de hechos que fueron planteados sin solución de continuidad.

El máximo Tribunal de Brasil adujo que, en la aplicación de la pena, se tomaron en cuenta el juicio agudo de desaprobación de la conducta criminal, en vista del ejercicio de la representación popular desde 1995 y la confianza depositada por los votantes en su desempeño.

La Magistratura constitucional colombina adujo que es razonable mantener la vigencia de las autorizaciones que establece el Decreto, hasta tanto dure la emergencia económica.

La Corte de Antofagasta indicó en su sentencia que, el exigir por parte de la recurrida como fecha de devengamiento de la pensión de vejez el día de la presentación de la solicitud de pensión, devino en ilegal.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

El tribunal señaló que, el ordenamiento jurídico autoriza expresamente el control o ejercicio de oficio de la revaluación de las medidas de coerción procesal impuestas.

La gestión pendiente incide en autos laborales, seguido ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La gestión pendiente incide en autos sobre recursos de casación en la forma y de apelación, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El laudo constitucional previene que no está creando un recurso inexistente, puesto que ? en lógica ? al eliminarse una excepción sólo retoma vigencia la regla general.