El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, el derecho a un procedimiento racional y justo, en su vertiente del derecho al recurso, entre otras garantía, ya que establece como único legitimado activo del recurso de apelación a la Fiscalía, en desmedro de los demás intervinientes.

Por cuanto, entre los testimonios prestados por las víctimas se pueden encontrar vejámenes y/o maltratos sexuales sufridos por éstas, como también la revelación de las opiniones y compromisos políticos de muchas de ellas.

El prolongadísimo silencio e inacción de la comunidad de propietarios ha sido equivalente a su consentimiento.

Una solicitud a Vodafone fue lo que dio inicio a esta serie de hechos. El reclamante había expuesto que en octubre del 2022 había pedido a la compañía los datos sobre la localización de cada una de las líneas de las cuales era titular, en ejercicio de su derecho de acceso. Según este, su solicitud no recibió la contestación legalmente establecida, sino que se le indicó que estos datos no estaban registrados en los ficheros de la compañía.

Los trabajadores que reciben un sueldo mensual y remuneraciones variables, como son los vendedores del comercio y otros que operan bajo el sistema de comisiones diarias por ventas, tendrán derecho al pago de remuneración por los días domingo y festivos.

Resulta indudable que tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo, son contestes, al sostener que la adopción por ley de medidas generales de gracia, resultaría incompatible con nuestra Carta Fundamental

Respaldó un acuerdo comercial entre Chile y Paraguay, en el marco del Mercosur y un acuerdo de cooperación en Defensa entre nuestro país y Corea.

Los requirentes exponen que, a diferencia del proceso ejecutivo en sede civil, en materia laboral el impulso procesal no está radicado en las partes, sino en el tribunal, en cuanto tiene que velar por los derechos y garantías constitucionales del trabajador.

No se consideró el origen de la licencia médica, y que la actora, al momento del despido, ya se encontraba de alta, reintegrada en sus funciones, por lo que no se dan razones para considerar su condición de salud incompatible con su función docente.

No resulta ser la vía idónea al efecto, debiendo la parte recurrente solicitar lo pertinente directamente ante el Ministerio Público, organismo que dirige la respectiva investigación penal.