El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de los persecutores que dirigieron las diligencias intrusivas practicadas en el domicilio de los recurrentes.
La iniciativa, que ahora será revisada por la Comisión de Hacienda para posteriormente ser debatida en la Sala de la Corporación, efectúa importantes cambios en materia registral y notarial.
Entre las iniciativas se abordan materias relativas a licencias médicas, comercio por plataformas digitales, deporte, trata de personas, ocupación ilegal, reciclaje, copropiedad inmobiliaria y educación.
El Tribunal de alzada declaró inadmisible la acción judicial que buscaba que se ordenara la entrega de fondos de la cuenta de capitalización individual, tras establecer que el actuar de la AFP no constituye una vulneración de garantía constitucional.
El máximo Tribunal ratificó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que recurso de nulidad impetrado en contra de la resolución que acogió la acción.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ratificó la multa de 105 UTM alpicada a la empresa.
El Tribunal de alzada declaró inadmisible la acción judicial que buscaba que se ordenara la entrega de fondos de la cuenta de capitalización individual, tras establecer que el actuar de la AFP no constituye una vulneración de garantía constitucional.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó a Manuel Sánchez Oyarzo, aplicando en la especie la denominada «Ley Emilia».
El Tribunal estableció la responsabilidad por falta de servicio del centro asistencial por el diagnóstico errado y, además, extraviar la ficha clínica de la demandante.
El Tribunal condenó al establecimiento educacional a pagar una multa a beneficio fiscal de 50 UTM, tras establecer que la medida de cancelación de la matrícula adoptada constituye un acto de discriminación arbitraria y sin justificación razonable, al basarse en hechos que no fueron establecidos en un procedimiento interno que respetara el debido proceso.
